Consejo extraordinario de seguridad evaluará agresiones a funcionarios de control al espacio público

Foto: Archivo / Alcaldia de Bucaramanga

Luego de conocer los hechos de ayer- martes 26 de noviembre- sobre el caso de agresión a un patrullero de la Policía Nacional y una funcionaria del equipo de control y vigilancia del espacio público, de la Secretaría del Interior del Municipio, por parte de una vendedora informal en el Centro de Bucaramanga, será convocado un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación de las constantes agresiones al equipo de inspección y vigilancia.

Una petición expresa al Alcalde social, Luis Francisco Bohórquez Pedraza, para realizar un consejo extraordinario de seguridad en el que se evalúen la situación y los casos de agresiones contra los diferentes servidores por parte de los vendedores informales, será solicitado en fecha próxima.

El secretario del Interior del Municipio, René Rodrigo Garzón Martínez, informó que la decisión se tomó tras conocer los hechos de ayer –martes 26 de noviembre- que remiten a un nuevo caso de agresión por parte de una vendedora informal a una funcionaria del equipo de control y vigilancia del espacio público.

René Garzón Martínez

Comunicó que además se reforzarán los controles en el espacio público de la ciudad, que son más atractivos por este tipo de ventas informales, como el Centro, Cabecera del Llano y Real de Minas, zonas que patrullará la Policía Nacional, en compañía del  Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

René Garzón Martínez – Secretario del Interior

Garzón Martínez reiteró que no hay concesión de ningún tipo de solicitud temporal para ventas informales, en ningún escenario de la ciudad, porque el Municipio solo habilitará la plaza cívica Luis Carlos Galán, durante la temporada decembrina.

El Secretario también invitó a quienes persisten en seguir ocupando el espacio público, a no recurrir a la agresividad e intolerancia, que ponen en riesgo la seguridad e integridad de los servidores públicos del Municipio, para así evitar algún tipo de judicialización y pago de condena.