El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga dijo que el Mandatario “sí les ha garantizado a los vendedores ambulantes reales soluciones de reubicación”.
Tal y como se esperaba, cayó ‘por su propio peso’ la orden de arresto de cinco días que se había impartido en contra del jefe del Gobierno Local, Luis Francisco Bohórquez Pedraza, por el supuesto desacato a una tutela que amparaba el derecho al trabajo de una vendedora ambulante del centro de la ciudad.
Como se recordará, tal decisión sentenciaba a cárcel al Mandatario porque, en el papel, no le había ofrecido garantías de reubicación a Raquel Jaimes Rivera, una vendedora informal de empanadas.
Esta mujer fue una de las desalojadas de su punto de expendio, tras la campaña de recuperación del espacio público que lidera el Alcalde. Según la autoridad judicial, “la señora aún no contaba con un puesto digno en dónde ejercer su oficio”.
Pese a ese veredicto, la Jueza Lida E. Rodríguez Rincón, tras revisar las pruebas presentadas por el Municipio, aseguró que Bohórquez Pedraza “sí ha sido diligente en ese asunto”.
Es más, aseveró que Raquel Jaimes Rivera, la demandante, cuenta con reales propuestas de reubicación y, por supuesto, puede despejar el área invadida con sus ventas, de manera específica el andén de la calle 35 con carrera 19.
Las ofertas para su reubicación están dadas, ella puede acceder a cualquiera de los locales de los centros de acopio habilitados para tal fin o incluso en los de Feghali, sentenció la Jueza.
De igual forma, aseveró que tras pruebas contundentes de citaciones, expuestas por el Alcalde, se comprobó que a esa vendedora informal sí se le puede reubicar en diferentes centros de acopio, “solo que a ella no le ha gustado ninguno y, al parecer, insiste en seguir trabajando en la calle”.
La Jueza Rodríguez Rincón recalcó que “se encuentra ampliamente probado que la Alcaldía de Bucaramanga, la Defensoría del Espacio Público e incluso la Secretaría del Interior han realizado las diligencias necesarias para trasladar a la demandante”.
De esta manera, la campaña de recuperación del espacio público en Bucaramanga, que con apoyo ciudadano y con respaldo de los gremios ha avanzado en el Centro y en Cabecera del Llano, superó un nuevo escollo.
Al conocer el pronunciamiento que determina el archivo de la diligencia judicial en cuestión, el Mandatario de Bucaramanga se mostró satisfecho.
También prometió dar las garantías suficientes para adelantar el proceso de reubicación de la señora Raquel Jaimes Rivera y, por supuesto, de todos los vendedores que deseen acogerse al plan de recuperación de andenes y vías.
“Insisto en la importancia de defender el espacio público, no solo porque es benéfico para nuestra ciudad, sino porque mi deber como mandatario consiste en velar por el despeje de estas áreas”, recalcó.
“Hemos hecho el esfuerzo para cumplir los fallos constitucionales; también hemos asegurado un debido proceso en el cumplimiento de cada uno de los requisitos y les hemos dado garantías en el tema de la oferta institucional a los informales”, anotó.
Invitó a los vendedores ambulantes que quieran acogerse al plan de reubicación para que acepten las propuestas del Municipio: “les facilitaremos el acceso a los locales comerciales que existen en la capital santandereana”.
Otros fallos que ganó el
Mandatario de Bucaramanga
Mandatario de Bucaramanga
Foto: Archivo / Alcaldia de Bucaramanga
Varios son los fallos judiciales que condenaban al Alcalde por supuestas irregularidades en las garantías de reubicación que debe ofrecerles a los vendedores ambulantes. Mencionemos dos de ellos:
Caso Uno: La Unión Sindical de Trabajadores Informales ganó una acción de tutela en la que le exigía al Alcalde la suspensión del Decreto 0179, mediante el cual se adelantaba la recuperación del espacio público. Luego el Juez 14 administrativo Local falló a favor del Gobierno al determinar que los operativos de recuperación de espacio público, impulsados por el Alcalde, no han vulnerado los derechos fundamentales de los vendedores informales.
Caso Dos: Tras un fallo de segunda instancia, el Juzgado Noveno Civil del Circuito argumentó que la Alcaldía de Bucaramanga había “defraudado el principio de confianza legítima que debía existir entre la Administración y un vendedor de comidas rápidas en la zona de La Ciudadela, a la hora del despeje de la vía”. Pocos días después, el Juez Primero Civil Municipal, Pedro Agustín Ballesteros Delgado resolvió el caso y ordenó “el archivo de las diligencias”.
Según él, ‘no existía mérito para entrar a abrir incidente de desacato’ en contra del alcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza o en contra de otros funcionarios del Municipio.
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