‘No me han dejado ver el Cerro del Santísimo’: Consuelo Ordóñez

Consuelo Ordóñez de Rincón

Por Jorge Gómez Pinilla
www.olapolitica.com

Consuelo Ordóñez de Rincón es una economista bumanguesa, rigurosa y disciplinada, especialista en servicios públicos domiciliarios y dedicada durante treinta años a la gestión ambiental, a su incorporación en la toma de decisiones en la vida pública, política y administrativa de la nación.

Como gerente general del Inderena cuando apenas tenía 32 años, le correspondió liquidar ese organismo para dar paso al ministerio del Medio Ambiente.

Fue precisamente por esa experiencia profesional que llegó a la dirección del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), y en eso se diferencia de otros funcionarios ambientales, puestos ahí por consideraciones políticas.

Hoy está enfrentada al gobernador de Santander, Richard Aguilar, porque mientras este considera que la autoridad ambiental en la zona es la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Consuelo Ordóñez acude a fundamentos legales para invocar que la razón la tiene su entidad. Sobre y este y otros temas –que tienen incidencia en lo nacional- accedió a hablar con Ola Política.

OP: En este momento hay una controversia muy fuerte entre la gobernación y el Área Metropolitana en torno a quién es la verdadera autoridad ambiental. ¿Por qué usted dice tener la razón?

CO: La ley 99 de 1993 en su artículo 66 dice que cuando existan grandes centros urbanos (distritos o áreas metropolitanas cuya población fuere igual o mayor a un millón de habitantes) ejercerán las funciones y competencias de autoridad ambiental las corporaciones autónomas regionales. Pero en lo que tenga que ver  con el medio ambiente urbano, se requiere tener una entidad especializada en esos temas. En ese momento, 1993, había autoridad ambiental urbana en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla y en Cali. En Bucaramanga no. Posteriormente,Bucaramanga adquiere esa condición cuando el DANE certifica que la población urbana del área metropolitana es de más de un millón de habitantes. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicando la ley 99 de 1993, que fue ratificada por la ley de áreas metropolitanas, la 1625 de 2013.

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